¿Una censura más en las redes sociales?

Hace algunos años, daba una charla a un grupo de padres de familia. Usando la versión gratuita de un software disponible en Internet, recopilé toda la información en las redes sociales de una persona que escogimos al azar. Contemplé caras de preocupación cuando les mostré una especie de “expediente de inteligencia” de la persona en cuestión. Allí estaban las fotografías de sus últimos viajes, las malas palabras contra un amigo de confianza y su opinión sobre la gestión del presidente de ese momento.

Quedó en evidencia que el poseedor de esa información, si lo deseara, podía ejercer un cierto control, para bien o para mal, en la persona en cuestión.

Recordé esta anécdota, cuando leí en un medio de comunicación extranjero, la lista de gobiernos en todo el mundo que poseen sistemas informáticos parecidos. No me causó sorpresa descubrir en esa lista países cuestionados por el irrespeto constante a los derechos humanos de sus ciudadanos.

Algunos que dedican muchas horas a exponer información personal, no saben que en realidad trabajan para entidades y personas de toda clase y condición. Desde luego los primeros beneficiarios son las grandes compañías que prestan estos servicios. Fue grande mi sorpresa, por ejemplo, cuando uno de estos días visité una atracción turística cerca del Lago de Yojoa y apareció un mensaje en mi teléfono celular diciendo que tenía dos años de no ir por allí.

Pero también están al tanto de nuestros movimientos los expertos en mercadeo, las empresas a las que solicitamos empleo e incluso las agencias de inteligencia. Cuando dejamos registro en las redes sociales, también le estamos facilitando el trabajo a posibles pedófilos, extorsionadores, secuestradores y toda una ralea de expertos habituados a sacar información útil para sus torcidos negocios.

Que trabajamos, a veces como esclavos, para las redes sociales no debería ser un secreto para nadie. Especialmente para los padres de familia que deben estar atentos a la información que comparten sus hijos.

Me llama la atención la reciente iniciativa en el Congreso Nacional de crear una ley que regule el uso de estos medios. Pareciera que la intención es buena cuando se dice que serviría para controlar que las redes sociales no se conviertan en instrumento de odio y confrontación, impidiendo la difusión de calumnias y difamaciones. Sin embargo, cuando un amigo abogado, me dice que ya están previstos en el Código Penal, de reciente aprobación, los procedimientos y penas para los injuriadores, difamadores y calumniadores, comienzo a dudar sobre esas buenas intenciones.

Es una verdad evidente que la libertad de expresión, derecho fundamental manifiesto en nuestra Constitución, nunca debe ser excusa para ofender a los demás. Sin embargo, en las circunstancias actuales de Honduras, es de los pocos derechos capaces de brindar límites y vigilancia ciudadana para facilitar el respeto de tantos otros derechos que están actualmente en tela de juicio.

Como educador y usuario de las redes sociales agradezco la buena intención del promotor de esta ley. Es importante brindar criterios de uso y abuso, especialmente a los más jóvenes. Tenemos mucho que aprender todavía en esta materia.

Pero viendo a nuestra sociedad en su conjunto, con un sistema judicial colapsado, con homicidios y actos de corrupción impunes, con un sector importante de la sociedad clamando por un auténtico diálogo y la urgente necesidad de inclusión de muchos que se sienten tratados injustamente, más le diría a este padre de la patria que guarde su proyecto -algunos incluso mencionan que es una copia casi textual de otro que genera desconfianza- y centre sus fuerzas y los escasos recursos en tender puentes con todos los sectores de la sociedad generando iniciativas de verdadero desarrollo. Y esto no se consigue callando voces sino más bien escuchándolas.