¿Reformar la Constitución?
El doce de abril el Dr. Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, escribió en su cuenta de Twitter: “Creo que es hora de preguntarnos si debemos o no hacer una profunda reforma a la Constitución. ¿Se necesitará que un grupo de ciudadanos elabore una propuesta? ¿O autorizar al Congreso a redactar una propuesta y llevarla a referéndum?”
La pregunta no es nueva, es la que nos tiene sumidos en una profunda crisis de desconfianza en los últimos años. Con el respeto del caso, antes de esta haría una previa ¿Desearán los hondureños reformar la Constitución? ¿Será la Constitución el problema? Más pareciera un malabarismo para evadir otra más oportuna: “¿Tienen nuestros políticos la madurez y responsabilidad para respetar las leyes y enfocarse en la solución de los problemas de educación, salud y empleo que hacen migrar a nuestros compatriotas a otros países?”.
En mi opinión personal, sí es el momento para esta nueva pregunta. Para la primera, bastaría recordar los movimientos precisos de los últimos años. La destitución ilegal de Magistrados de la Corte Suprema en el dos mil doce, el subsiguiente nombramiento del Fiscal General, la elección de la actual Corte Suprema de Justicia, la aprobación forzada de la reelección, patentando la inaplicabilidad de unos artículos y por último las recientes elecciones presidenciales. No hace falta ser un campeón de ajedrez para descubrir movidas nada improvisadas y una estrategia cuidadosamente elaborada para tener en jaque a una débil institucionalidad.
Todo en la Constitución Hondureña es reformable y están previstos los procedimientos para hacerlo. El único tema de fondo que justificaría una reforma es el de la reelección presidencial. Que no es que sea mala en sí y de hecho existe en muchos países. El asunto es si tenemos confianza en los que la proponen, si tendrían la valentía y honestidad de consultar al pueblo, en el que reside la soberanía para decidirlo.
En este sentido, es interesante el análisis del informe sobre la reelección elaborado por el Comité de Venecia y divulgado recientemente por el Secretario General de la OEA. En este informe, hecho por expertos en derecho de diversos países, enuncia en el número ochenta y seis: “En conclusión, la Comisión de Venecia opina que no existe un derecho humano específico y diferenciado a la reelección…” Aun cuando cualquier informe o ente internacional debe respetar la soberanía y autodeterminación de los pueblos quedaría claro, al menos en la doctrina jurídica, la inexistencia de la argumentación usada por varios países de América, entre ellos Honduras, para justificar la reelección. En este sentido, sí correría prisa para algunos en reelaborar una Constitución parchada de forma arbitraria y evitar posibles consecuencias futuras.
Entre los riesgos de no usar los procedimientos adecuados para consultar al pueblo, en quien reside la soberanía, están los enunciados en el número noventa y tres: “Los límites a la reelección están orientados a proteger a la democracia de convertirse en una dictadura de facto. Adicionalmente, los límites a la reelección pueden fortalecer a una sociedad democrática, puesto que imponen la lógica de la alternancia política como un evento predecible en los asuntos públicos…”. Y en el número ciento uno de dicho informe se menciona: “En opinión de la Comisión y a la luz del análisis comparativo de las constituciones de los 58 países considerados, abolir los límites a la reelección presidencial representa un paso atrás en términos del logro democrático…”
Una reforma profunda a la Constitución podría ser necesaria. En ese caso habría que preguntar al pueblo. El mismo informe plantea los peligros en cuanto a la forma de realizar esta consulta. El asunto es que los políticos no tienen la valentía para escuchar la respuesta. Tal vez ya la saben y no les favorece. En Honduras el problema no son las leyes, tenemos de todos los colores y sabores, es que algunos se consideran indispensables y tristemente no están a la altura de las circunstancias.